El transporte es responsable del 35% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Para reducir su impacto sobre el medio ambiente, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) propone el cambio de paradigma a la movilidad eléctrica como parte esencial de la transición energética en España. Además, según este plan, a partir de 2040 se aplicará la prohibición de vender vehículos diésel y gasolina en nuestro país.

Las matriculaciones actuales de turismos eléctricos apenas representan el 2% de las matriculaciones totales de nuevos coches en 2020. El ritmo de implantación del vehículo eléctrico está limitado por la autonomía y precio de los modelos actuales, pero también por la aún escasa disponibilidad de infraestructuras de recarga. Aunque algunos propietarios de coches eléctricos disponen de punto de recarga en su vivienda o lugar de trabajo, el despliegue masivo de puntos de recarga en las vías públicas es imprescindible para garantizar tanto la recarga diaria como el repostaje en los desplazamientos más largos, promoviendo así el desarrollo exitoso de la movilidad eléctrica.

Para impulsar este despliegue, la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética obligará a instalar puntos de recarga de 50 kW en las gasolineras que tengan un volumen agregado de ventas de 10 millones de litros en adelante, en un plazo no superior a 21 meses tras la aprobación de la ley, y también las de volumen entre 5 y 10 millones de litros que dispondrán de 27 meses. Dado que existen más de 11.000 gasolineras en el conjunto del territorio nacional, esta obligación legal supondrá un importante respaldo a la disponibilidad de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.

En España, la planificación de infraestructuras de recarga se está desarrollando principalmente en zonas urbanas y en las vías de interconexión entre ciudades. Pero hay muchas vías secundarias y grandes zonas del interior del país que apenas cuentan con la posibilidad de acceder a un punto de recarga de acceso público. Además, casi el 45% se concentran en Madrid y Barcelona.

Según estiman tanto Red Eléctrica de España como la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), en nuestro país hay aproximadamente 5.000 puntos de carga de vehículo eléctrico, 4 veces menos que en Francia y 5 veces menos que en Alemania. Los países de la Unión Europea cuentan actualmente con 157.000 puntos de recarga adaptados para automóviles y se requiere, según ACEA, multiplicar esa cifra por 20 en los próximos 12 años.

Países Bajos cuenta con más de 37.000 puntos, lo que supone el 25% de toda la red instalada en Europa. Le siguen Alemania, Francia y Reino Unido con más de 20.000 puntos cada uno. No es casual que estos cuatro países lideren la venta de turismos eléctricos en Europa.

Actualmente, los agentes promotores de infraestructuras de recarga en vías públicas son administraciones públicas (sobre todo ayuntamientos), empresas eléctricas, estaciones de servicio, parkings, centros comerciales, talleres de reparación de vehículos, y otras empresas privadas. Y en los últimos meses muchas de estas compañías han anunciado ambiciosos planes para instalar nuevos puntos de recarga, pero España todavía se encuentra muy lejos de los grandes países europeos.

Los servicios de recarga energética pueden ser prestados por cualquier consumidor (Real Decreto-ley 15/2018). Esto dificulta conocer con precisión el número exacto de puntos de recarga disponibles en España. El problema es que no existe un registro único de puntos de recarga de acceso público, por lo que no se dispone de cifras oficiales. Una de las fuentes de información más completas es el portal web Electromaps, donde se puede consultar un mapa de los puntos de recarga para vehículos eléctricos en todo el mundo: www.electromaps.com

Para ayudar a la instalación de nuevas estaciones de recarga, en 2019, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) lanzó el plan MOVES, que incluía una línea de subvenciones para la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos. Está previsto que en 2020 el Ministerio de Transición Ecológica aumente el presupuesto de este plan hasta los 200 millones de euros. En resumen, aún queda un largo recorrido para que la movilidad eléctrica esté asegurada en nuestro país, pero el proceso de transformación del sector del automóvil que se ha iniciado parece ya imparable.

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